Los gastos en puticlubes, los cursos de formación y las otras causas pendientes del PSOE andaluz

La sentencia del caso ERE que la Audiencia Provincial de Sevilla ha hecho pública este martes cierra una de las tres partes en que las fue fraccionada la macrocausa: la ‘pieza política’. Es el resultado de una investigación que se ha prolongado durante más de nueve años y que llega uno después de la última sesión del juicio.

El fallo del tribunal ha condenado a 19 de los 21 consejeros, diputados y ex altos cargos socialistas que se sentaban en el banquillo. Entre ellos, a los dos ex presidentes del PSOE nacional y de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. El primero de ellos, por prevaricación continuada para la malversación de fondos públicos, a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación para cargo público. El segundo, por un delito de prevaricación, a 9 de inhabilitación absoluta.

Más allá de que se haya despejado la incógnita sobre la responsabilidad penal de los socialistas acusados en el mecanismo irregular ideado desde la Consejería de Trabajo andaluza -para desviar fondos de los parados a empresas, sin control- el PSOE tiene abiertas más de un centenar de piezas más, derivadas de la trama principal.

Tarjetas black

El despropósito de las tarjetas black de la Junta de Andalucía adquiere, desde un comienzo, dimensiones mayúsculas. Las tarjetas oficiales de varios altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía fueron utilizadas para el pago de, como mínimo, más de 10 orgías celebradas en hasta cinco puticlubes diferentes -el más conocido el Don Angelo- de las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba.

La polémica se cuantifica en 32.000 euros sin justificar que se destinaron, de manera opaca, al consumo de servicios de prostitución. De los trece episodios localizados, una docena se abonaron con cargo a las tarjetas de los mandos andaluces, menos una de las cuales se abonó en efectivo.

Cursos de Formación

La misma Audiencia de Sevilla reabría, el pasado mes de julio, el caso de los cursos de formación, que afectó a 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía. El órgano judicial sospechó que había indicios suficientes y nuevos datos para probar la existencia de una presunta supuesta trama orquestada para desviar fondos públicos.

Hasta ocho ex delegados provinciales de la Consejería de Empleo andaluza fueron detenidos, en 2015, por orden de la juez Mercedes Alaya. La magistrada consideró que la cúpula política al frente de la Consejería de Economía andaluza diseñó una fórmula con el firme propósito de eludir el control de los cursos de formación impartidos por empresas privadas, para parados de larga duración, y financiados con dinero público.

Sobrecomisiones

Los expertos del Ministerio de Economía asignados a la investigación de las comisiones que, presuntamente, pagaron las entidades aseguradoras a empresas intermediarias -como Uniter- en los ERE, cifran el importe total malversado en más de 65 millones de euros.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investiga si dichas sobrecomisiones, por las que han sido imputados más de 20 cargos socialistas andaluces, superaron el 500% de la práctica habitual del mercado.

Empresas beneficiarias

En el mismo Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se instruyen todas las piezas correspondientes a las subvenciones recibidas por las empresas que se beneficiaron del método ilegal de los socialistas andaluces. Varias de ellas se encuentran, además, pendientes de que se celebre juicio.

Como, por ejemplo, los más de 1,4 millones de euros pagados al chófer del ex director general de la Junta de Andalucía, José Antonio Guerrero -y que ambos habrían gastado, entre otros lujos, en cocaína- o las ayudas asignadas a las empresas Acyco, Surcolor y Cenforpre.